Miguel González Marregot
La compleja realidad latinoamericana se encuentra aún caracterizada por la pobreza, la exclusión social, los altos índices de corrupción pública y privada, la violación de los derechos humanos y por una ineficacia gubernamental generalizada. Esta situación requiere; sin lugar a dudas, de un nuevo abordaje que implique el establecimiento de mecanismos institucionales que permitan aunar esfuerzos entre el Estado, los ciudadanos y la sociedad civil en beneficio de construir soluciones viables de corto, mediano y largo plazo en un ambiente de libertad, inclusión, responsabilidad y eficiencia. En ese contexto de necesidades, especialistas y expertos han volcado la mirada, y puesto su atención en la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas participen en la gestión pública, como una alternativa de cambio institucional y de “perfeccionamiento” de nuestras democracias.
“La participación ciudadana es el proceso mediante el cual los ciudadanos en forma directa o mediante sus expresiones asociativas, inciden en ciertos procesos gubernamentales definitorios de políticas públicas. Es decir, por medio de la participación ciudadana individuos, comunidades y sectores sociales organizados tienen la oportunidad de intervenir de distintas maneras en la resolución de determinados asuntos de interés colectivo.”
La participación ciudadana: breves antecedentes
1. El reconocimiento de la incapacidad del Estado para atender de manera eficaz y eficiente la diversidad de demandas y problemas de su entorno específico. Esta situación propició en los gobiernos de la región el impulso de medidas de desregulación, privatización, descentralización y desconcentración administrativa; tratando de incorporar al sector privado en la resolución de una agenda llena de asuntos sin resolver.
2. Necesidad de democratizar las relaciones entre el Estado y la sociedad civil como un elemento modernizador y de refrescamiento de la democracia como sistema político.
3. Resultó del propio desarrollo de la sociedad civil que, en combinación con el surgimiento de nuevos liderazgos políticos en Latinoamérica contribuyeron de igual manera, a abrir espacios para la participación de particulares en la gestión pública.
4. La presencia de los organismos multilaterales de desarrollo y cooperación técnica (el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), también han aportado a la expansión de esta tendencia participativa; mediante la realización de programas de capacitación y adiestramiento e incluso el financiamiento de proyectos de desarrollo local que implican la cogestión de entidades oficiales y privadas.
Los espacios de actividad pública para la participación ciudadana
SECTOR SOCIAL: Las iniciativas ciudadanas, aquellas impulsadas por las comunidades organizadas y demás sectores específicos de la sociedad tendrían el derecho de cogestionar las políticas públicas educacionales, sanitarias, culturales, deportivas y aquellas relacionadas con la construcción de viviendas y servicios conexos.
SECTOR ECONÓMICO: Ofrece la posibilidad para la incorporación de la sociedad civil a la gestión programas públicos referidos a la denominada economía social; tales como el desarrollo de cooperativas agrícolas, mercados populares, cajas de ahorro y microempresas.
SECTOR JUDICIAL: Defensa de los derechos humanos, frente al Estado, más específicamente frente al sistema judicial y penal-penitenciario y, ante posibles abusos provenientes de parte de entidades de la propia esfera privada de la sociedad. La defensa de género, de los derechos de la niñez y la adolescencia, de la tercera edad, de los presos políticos o de conciencia, de la libertad de expresión, y de los derechos ambientales.
SECTOR POLÍTICO: Vinculada directamente al sistema democrático. Refiere a la posibilidad de elegir a miembros e integrantes de los distintos poderes del Estado.
Implicaría también el derecho a convocar y realizar consultas refrendarias, constitucionales, constituyentes y hasta revocatorias (como el caso venezolano) y también la posibilidad de presentar iniciativas legislativas; por parte de los ciudadanos en los distintas instancias legislativas que posea cada República.
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